Mikel Aranburu (Ekoberrin)
Como resultado de las elecciones de mayo, nuevos titulares de las carteras de Hacienda deben hacer frente al delicado escenario de quebranto de las bases imponibles y la merma de recaudación. Los programas electorales son, en esta materia, ambiguos y plagados de lugares comunes. Es decir, inútiles para legislar con acierto y gestionar con eficacia.
En democracia, es el ciudadano quien a través de su voto decide la política fiscal y presupuestaria. Pero los gobiernos casi nunca cumplen lo prometido en las campañas electorales. Es más, los partidos políticos con opción a gobernar ocultan sus verdaderas intenciones en materia tributaria. La política fiscal esperada de las haciendas forales de Navarra, Bizkaia y Álava es predecible por continuista. Por motivos ajenos a la fiscalidad, es hoy la Diputación Foral de Gipuzkoa quien atrae la curiosidad. Aunque mediatizada por opiniones diversas y a menudo interesadas, la interpretación de la voluntad soberanista del elector de Bildu es clara. Pero ¿cuál ha sido su mensaje en materia de política fiscal? La respuesta es más difícil, pero no creo que el votante de la coalición difiera del sentir de la mayoría de los ciudadanos vascos, más o menos indignados, sin duda discrepante del criterio de Madrid, Bruselas o del FMI.
Urgido por la crisis, el debate actual sobre la reforma del sistema tributario en Europa apunta a la reducción de las cargas fiscales del ahorro y la inversión con el fin de incentivar el crecimiento económico. Lo que significa, en el actual esquema, desviar la carga tributaria desde los impuestos directos a los indirectos. Ya lo hemos visto pero parece insuficiente. Se reclama ahora rebajar el tipo del Impuesto sobre Sociedades y aclarar, supongo, su nutrido repertorio de beneficios fiscales de insegura virtud. También trasladar parte del esfuerzo tributario que soportan las rentas del trabajo hacia el consumo; una medida regresiva – en tanto que los tipos son proporcionales – e inflacionaria que sus promotores justifican porque no todo el consumo es costeado con rentas de trabajo.
La presión fiscal efectiva en la Unión Europea se sitúa en torno al 40 por 100 del PIB, doce puntos por encima de la de Estados Unidos. Un diferencial que se atribuye al coste del estado de bienestar. Para algunos, los impuestos elevados y las prestaciones sociales son un obstáculo para la economía -¿habría que prescindir de los enfermos, los ancianos, los parados,…?- Sin embargo, los países nórdicos desmienten estas teorías y armonizan altas tasas de competitividad con elevados impuestos y un muy desarrollado sector público garante y gestor de los beneficios sociales.
Ante estos retos ¿posee el modelo de Convenio/Concierto potencia suficiente para articular políticas fiscales autónomas capaces de reorientar el sesgo de la recaudación tributaria? Por desdicha, no. ¿Qué futuro tendría, pongo por ejemplo, un proyecto para establecer un Impuesto de solidaridad sobre la fortuna para los ricos residentes en una provincia, un impuesto específico a la banca o equiparar en el IRPF la tributación del las rentas de capital a las del trabajo? Ninguno. La potestad tributaria foral queda subordinada a la estatal y ésta, a su vez, a la de la Unión Europea. Sin margen de maniobra alguno en la imposición indirecta y muy restringido en la directa -en la que cabe jugar con los tipos impositivos y ciertos beneficios fiscales -. En cualquier caso, muy lejos de los planteamientos de reforma fiscal que se debaten en los países occidentales.
Nuestro país es pequeño y administrativamente fragmentado. Para “hacer Hacienda” debe mejorar la cualificación de la mano de obra, desarrollar sus infraestructuras y los mercados en condiciones de competencia, reforzar la seguridad jurídica, erradicar el fraude y la corrupción y administrar con transparencia. De acuerdo con los estudios de Friedrich Schneider, los españoles toleran una economía sumergida de más del 22 por ciento del PIB. La Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) eleva el porcentaje al 23,7 por ciento. Una cifra fabulosa que pone en tela de juicio la propia democracia. No tengo datos que avalen una ratio diferente para la economía vasca. ¡A ver si va a ser esto lo que nos diferencia de los países nórdicos! Es cierto que el fraude fiscal es una consecuencia de la falta de educación social y moral tributaria cuya neutralización excede a la gestión tributaria. Una gestión condicionada en exceso por la urgencia de la recaudación y ensimismada en su territorio. No obstante, el ciudadano espera de las instituciones eficiencia, cooperación y corresponsabilidad antes que competencia fiscal.
(*) Experto en derecho tributario
Tengo entendido que cada Diputación vasca dispone de su propia administración tributaria. Me pregunto si no es ésta una solución ineficiente y si no sería más apropiada la de una Agencia tributaria única para todo el País Vasco independientemente de que cada territorio foral siguiera conservando su propia Hacienda.
En Alemania, donde cada Länder tiene su propia Administración tributaria, son numerosos los estudios que han criticado esta solución por disfuncional como han destacado Ángel de la Fuente y María Gundín en un reciente trabajo.
Una Administración tributaria única permite aprovecharse de los rendimientos de escala, tener una mejor información y acentuar la profesionalidad e independencia de los funcionarios.
A propósito de esto último, en una reciente entrevista al Presidente de la Diputación de Guipúzcoa, señor Garitano, pude oír a este último que era su propósito poner fin a una situación en que (lo dijo sin concretar nombres) contribuyentes poderosos acudían a la Diputación para hacer su declaración y ver «como podía arreglarse lo suyo».
Si lo que decía el señor Garitano es o no cierto lo ignoro ya que ni resido en el País Vasco ni me dedico al Derecho Fiscal, en cualquier caso creo que una Administración única, muy profesionalizada, es el mejor antídoto contra este tipo de comportamientos.
Incluso me atrevería a sugerir, aunque ya sé que esto es poco menos que anatema en este blog, que la mejor solución sería la de una Agencia Estatal única, muy profesionalizada e independiente, sujeta a un control tanto por parte del Estado como del resto de las Haciendas.
Si esta solución hiere sensibilidades, sustitúyase la referencia a una agencia estatal por una europea.
Si claro un fisco Mundial! Esto de Jacobinismo es una enfermedad, es más resulta el vestigio vivio que ha permitido seguir subsitiendo al absolutismo. Pero el tema es más sencillo vivimos mejor porque nos admnistramos mejor, y los que se admnistran a través de Madrid viven peor.
Menos razonar y más comprobar la realidad de los hechos. El poder de las Diputaciones hay que velar con un contrapoder. Os imaginais si el PP+PSE habiera cogido todo el poder de Euskadi. Pues no! Virgencita, virgencita que me dejen comoe estoy.
ANDONI me parece muy pertinente tu apelación a la realidad de los hechos. Por eso me gustaría saber si se ha realizado algún estudio que compruebe la eficacia de las administraciones tributarias vascas. La OCDE sí ha realizado uno sobre la eficiencia de las distintas Administraciones tributarias de los países que forman parte de esa organización (lo puedes encontrar en http://www.oecd.org/dataoecd/39/32/46668703.pdf) y establecido un ranking en función de la ratio «coste recaudación» en el que la AEAT sale bastante bien parada frente a la Administración tributaria alemana, en el que cada länder recauda sus impuestos. Pues bien, dado que, como se dice en el post, los sistemas fiscales estatal y vasco son muy parecidos en su estructura sería muy interesante comparar la AEAT con las administraciones tributarias vascas aplicando los mismos criterios utilizados por la OCDE. Ignoro si tal estudio u otro parecido se ha realizado, si tú conoces de alguno me gustaría que me lo dijeras y si los resultados fueran favorables a las Haciendas Vascas estaría encantado de rectificar mi opinión.
Descalificas mi opinión como jacobina. Bien, no me voy a poner a discutir sobre adjetivos, me parece una pérdida de tiempo. Sí quisiera aclararte que una agencia tributaria única no es incompatible con una mayor autonomía de las Haciendas Forales tanto en lo que se refiere a los ingresos como a los gastos ya que determinar ambos no corresponden a la Administración sino a los órganos representativos, en el caso de las Diputaciones Vascas, a las Juntas Generales, de las que mi comentario no decía nada.
Rafa, no sé pero poner a Garitano y su equipo como ejemplo de transparencia tributaria es algo que no me suena. ¿Garitano va a ceder las competencias tributarias de la Diputación de Guipúzcoa para que haya un sólo fisco vasco? No me suena de nada. Por otro lado, la alusión al choriceo o la evasión de algunas empresas que lo «arreglan» con el Dipùtado General de Guipuzcoa no tiene en cuenta el acoso fiscal-militar de ETA a las empresas Guipuzcoanas. ¿Estas no tienen derecho a defenderse de los chupópteros de ETA y de sus cobradores de impuestos? Como me pareces una persona muy poco ingenua diré que simplemente vienes a desinformar y a alabar a Bildu, desde la hermandad fiscal creada por el PSOE con esta coalición.
Ukelele, veo que no me he sabido expresar y agradezco tu comentario porque me permitirá exponer mejor mi posición.
Estoy a años luz de Garitano y de Bildu, no ya solo por cuestiones políticas sino también morales. Si me referí a él fue para poner de relieve que, en una entrevista en la ETB, manifestó que, en su opinión, la Diputación había venido dando tratamiento de favor a algunos contribuyentes (la entrevista está en youtube y puedes encontrala en http://www.youtube.com/watch?v=QLDKJmXSmng). En ningún momento creo haber dicho que Garitano estuviera a favor de una Administración tributaria única.
Tú me dices que el trato de favor al que se refería Garitano tiene su origen en el chantaje que han venido sufriendo por parte de ETA empresarios y profesionales y yo tengo que admitir tu respuesta porque es evidente que ese chantaje se ha producido y porque no tengo datos para sostener que, so pretexto de esa situación, se hayan producido tratos de favor a personas que no los merecían.
Lo que yo sí creo es que en toda organización humana se dan conductas desviadas y que hemos de pensar en diseños institucionales que las limiten (eliminarlas del todo es imposible) al máximo. El que a mí me parece mejor es uno en el que la administración pública esté muy profesionalizada y a cubierto de presiones partidistas y tengo la impresión que eso exige organizaciones de un cierto tamaño. No es ninguna casualidad que los que han estudiado la corrupción urbanística en España propongan como una de las soluciones municipios de mayor tamaño que puedan hacer frente a los gastos que supone una administración más profesional y menos expuesta a las presiones del alcalde de turno.
Por otra parte, aunque el funcionamiento de las Administraciones tributarias de cada una de las Diputaciones hubiera sido absolutamente honesto todavía seguiría en pie mi objeción de que, en términos de eficiencia, es un mal negocio fragmentar una administración tributaria.
Repito que una administración tributaria única es compatible con la mayor de las autonomías fiscales de los territorios forales porque lo que yo propongo no es que Vitoria decida cuánto tiene que ingresar ni cuánto tiene que gastar cada Diputación, sino que los ingresos, previamente decididos por cada Junta General, se recauden por una sola Administración para que luego cada Diputación los gaste como le dé la gana dentro de sus competencias. Eso es todo. No entiendo cómo una cuestión tan técnica puede generar tantas suspicacias.
La eficiencia no viene siempre determinada por el tamaño. Por ejemplo, las diputaciones podrían compartir medios, programas informáticos, inversiones, licencias, etc. pero ser administraciones separadas.
En cuanto al tamaño, hay una cosa testada en las organizaciones empresariales. Muchas veces, las empresas grandes pierden contra las más pequeñas, porque estas son más dinámicas, más cercanas y se adaptan mucho mejor al cliente. En muchas ocasiones, las grandes corporaciones segregan sus negocios en unidades diferenciadas, o en múltiples empresas, haciendo un grupo.
La economía de escala funciona, claro que sí, pero eso no debe suponer una centralidad administrativa. Las diputaciones de la CAPV pueden compartir y acceder conjuntamente en lobby a unos recursos e inversiones anti-fraude que puedan usar todas o ir con la hacienda central y la navarra junto con la francesa haciendo investigaciones e inversiones de mejora de productividad y detección de fraude.
Eso sí, si se quiere mantener el tamaño reducido y a la vez aplicar las ventajas de la economía de escala, es necesaria una colaboración muy amplia, con respeto pero con mucho trabajo conjunto.
Muy interesante tu exposición Mikel y a considerar también la aportación de porompompero.
Solamente añadiría que donde porompompero ( termina) escribiendo, «Eso sí, si se quiere mantener el tamaño reducido y a la vez aplicar las ventajas de la economía de escala, es necesaria una colaboración muy amplia, con respeto pero con mucho trabajo conjunto», es importante y muy motividador que haya un empuje, espiritu de SOLIDARIDAD VOLUNTARIA, ingrediente que quisiera recordar ha sido empleado durante siglos por los vascos a través de los fueros.