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Hágase la luz

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Gabriel Otalora

El mercado eléctrico está compuesto por algunos agentes independientes: el generador, el transportista, el distribuidor y el comercializador de la energía. Además de los encargados de que todo fluya con normalidad: el regulador y el operador del sistema. Cualquier sociedad (empresa) puede acceder tanto a la generación como a la comercialización de electricidad, previa aprobación por el regulador del sistema eléctrico estatal. Sin embargo, solo un grupo reducido de empresas se encargan de la explotación de estas sin que nadie más pueda acceder a este negocio. Los costes de estas redes, que funcionan como un oligopolio, son repercutidos a todos los consumidores en las facturas eléctricas.
La estrella de todo el tinglado es el consumidor de energía eléctrica. Este puede comprar electricidad a través de dos tipos de mercado: libre y regulado. Sin embargo, la verdadera estrella desde hace un tiempo son los precios de la energía, absolutamente disparatados entre otras causas por la manera endiablada de enmarcar el precio diario de la luz, recrudecido con la guerra en Ucrania. Nos toca a todos tan de cerca que buena parte de la batalla política se ha desplazado a los impuestos por la incidencia que tienen en el precio final de la luz y la gasolina. Vayamos por partes.

La Unión Europea insiste en que subamos los impuestos al consumo eléctrico (IVA e hidrocarburos) para luchar contra el cambio climático. Aun así, la guerra en Ucrania puede lograr que, excepcionalmente, se bajen los impuestos. Parece ser que el Gobierno español tomará medidas concretas a finales de marzo.

Por otra parte, el Partido Popular, por boca de Núñez Feijóo, acaba de decir que “el gobierno se está forrando”, cuando lo cierto es que esos impuestos van en su mayoría a las comunidades autónomas, Galicia incluida, para cubrir todos los servicios que aquellas ofrecen, como la sanidad o la educación. La segunda mentira del presidente pepero es obviar que ya se han bajado significativamente los impuestos energéticos aunque la situación excepcional pida reducirlos aún más durante un tiempo, tal como se quedó en la reunión autonómica en la isla de La Palma. Pablo Casado, en sus tiempos felices de finales de 2021, propuso a Pedro Sánchez modificar la legislación en materia energética para reducir la factura de la luz de hogares y empresas en unos 9.000 millones de euros. Pero lo hizo con el mantra general de “bajar impuestos” proponiendo la implantación de un IVA super reducido. Argumentaba Casado que la luz en España había subido un 200%… sin que dijera ni mu sobre el negocio del oligopolio energético que está logrado beneficios extraordinarios.

De hecho, la luz ha subido mucho más desde entonces y nadie apunta a un cambio en la legislación sobre la manera de calcular la factura a los consumidores. Aparte de los diferentes impuestos y los costes de la producción, esas curvas diarias de compra y de venta de la electricidad que varían tanto de una semana a otra, cada vez tienen menos sentido desde el punto de vista del bien común: un puñado de empresas que no conocen la crisis mientras las empresas y los particulares sufrimos los costes que se acumulan.

Cierto es que hay causas imprevistas, como ocurrió con las bajas temperaturas que tuvimos durante el temporal Filomena, lo que provocó que la demanda de energía eléctrica creciera inesperadamente. Por ello, las comercializadoras se vieron forzadas a demandar más energía al precio máximo que el sistema permite, para asegurarse de que podrían abastecer a sus clientes. Al mismo tiempo, tanto el recurso solar como el eólico fueron casi nulos. Esto obligó a recurrir a las centrales térmicas hasta que el día 9 de enero de 2021 a las 21 horas se alcanzó el precio máximo hasta entonces: 121,2 € por megavatio hora. Ocurrió justo lo contrario gracias a los fuertes vientos que facilitaron la producción energética eólica y unos precios muy inferiores.

Si la bajada de impuestos a la energía tiene lógica por la excepcional situación económica en la que nos encontramos, parece igualmente lógica la revisión legal del cálculo del precio de la luz. El 1 de junio de 2021 entró en vigor la tarifa actual. Y bien, ¿por qué no volverla a cambiar incluyendo en el cambio al sistema de cálculo tan abstruso e injusto, mediante un acuerdo en sede parlamentaria? La política está para eso, para regular y derogar leyes. No hablo de quitar beneficios ni de nacionalizar, simplemente de reducir beneficios cuando éstos han sido extraordinarios. Y hacerlo con otros cálculos correctores para no depender de un puñado de explotadores (de la energía); que no se diga que tienen más poder que los parlamentos…

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