Hacia una empresa inclusivo-participativa

Joxan Rekondo

Desde el pasado jueves, las instituciones representativas de la CAV respaldan la empresa inclusivo-participativa. El Parlamento de la Comunidad Foral navarra también la apoyó hace pocos meses. Aunque las resoluciones se hayan producido en paralelo, la concomitancia de sus contenidos parece indicar que lo social puede ser el eje que mejor vertebre la interrelación vasco-navarra. De hecho, la opción por un tipo de empresa organizada de modo participativo y puesta al servicio del entorno humano en el que se inserta ha conseguido comprometer a todas las fuerzas parlamentarias de ambas comunidades políticas.

Sería un error interpretar que esta apuesta de las instituciones públicas vasco-navarras busca interponerse en la libertad de emprendimiento empresarial. El respaldo de ambos parlamentos a la empresa inclusiva-participativa no puede obligar a las empresas que radican en el territorio que rige bajo su jurisdicción a integrarse en ese modelo, pero es lógico que valore positivamente toda aquella iniciativa que contribuya al arraigo empresarial. Precisamente, la cultura participativa que subyace al paradigma que se propone solo puede establecerse empujando desde abajo, a partir de la implicación de los agentes del trabajo en la marcha de cada empresa, hacia arriba. Por eso, con el posicionamiento institucional se quiere elogiar el emprendimiento social y promover unas condiciones de contexto (políticas fiscales, normas societarias, …) que son necesarias para que puedan brotar y asentarse proyectos empresariales de carácter inclusivo-participativo.

José María Arizmendiarrieta sostenía que el árbol cooperativo se renueva desde las raíces. Esta expresión proyecta dos imágenes de mucho significado. Una que es física, expresando que un proceso de economía social solo puede estructurarse desde la base que componen los trabajadores, a través de los que se realiza el anclaje del proyecto al territorio humano en el que se ubica. La segunda imagen es biológica. Según esta, todo proceso de renovación social requiere de raíces culturales que son las que determinan que el fluir renovador no deje de vitalizar el proyecto de cooperación.

La empresa inclusivo-participativa se inspira en esa misma concepción, que considera la empresa como el núcleo vital del desarrollo social. Cosa que de principio supone un ensalzamiento del trabajo frente a una ociosidad socialmente estéril. Remembranza de la lógica tradicional vasca en la que el trabajo era un signo asociado a la nobleza de la gente corriente. Además, la enunciación y la materialización de la empresa como proyecto inclusivo-participativo abre perspectivas muy interesantes para afrontar los problemas (ineficiencia, desigualdad, deshumanización, …) que se nos plantean ante la actual realidad socio-económica. Por encima de todo, este tipo de empresa debe aspirar a ser humanista, a la vez que competitiva, redistributiva y democrática.

Bajo el concepto inclusivo-participativo, por otro parte, la empresa no es una entidad desterritorializada. “Nuestra inquietud y proyección social no se ciñen a la empresa en la que nos integramos y con cuyo desenvolvimiento tratamos de cooperar al bien del pueblo”, es el conocido postulado de JMA que ilustra bien esta idea. En esta línea, este modelo empresarial quedaría al servicio de los que aportan su trabajo, factor principal de producción, y participan de todos los procesos de la empresa; pero al servicio también a la comunidad en la que se inserta el centro de trabajo. No es algo irrealizable. En nuestro entorno hemos podido ver experiencias múltiples de empresas de todo tipo de condición societaria que han promovido la participación interna, y junto con ella han mejorado arraigo y responsabilidad con el territorio, han ganado competitividad, asegurado el empleo y afianzado su continuidad.

Por lo tanto, de desplegar este paradigma todo su potencial inclusivo-participativo, tendríamos una empresa autogobernada, abierta a comprometerse con su territorio y con sus personas, que se identifica con ellas en un mismo sujeto, y que habría de gozar de la protección y las ataduras que corresponderían a su condición de bien social o bien comunal, que habría que proteger de la pura voluntad especulativa o liquidadora de grupos de interés, estén relacionados o sean ajenos a ella. En este sentido, la pregunta clásica referida al ‘quién es el propietario de la empresa’ debería perder sentido ante la primacía de la función social del proyecto empresarial, y del valor primordial que representaría este para la comunidad. Aquí se entrevé el rastro del jabetza tradicional, modalidad de relación entre personas y bienes que fue predominante en las regiones pirenaicas.

Detrás del modelo vasco-navarro de empresa inclusivo-participativa están las fuerzas parlamentarias, pero también las fuerzas sociales. Es cierto que los sindicatos ELA y LAB se han descolgado del apoyo al texto concreto de la Proposición No de Ley aprobada por los parlamentos de Iruña y Gasteiz. Pero, la crítica de ambas fuerzas sindicales se refiere a que el texto de la PNL no recoge los conflictos del plazo corto. Habría que leer este mensaje sindical con una perspectiva positiva, como expectativa que se abre ante el proceso de asentamiento del paradigma inclusivo-participativo más que como un cierre a integrarse en el mismo.