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Tabú

Joxan Rekondo

Vivimos el final de ETA a plazos. Primero fue el cese de sus acciones terroristas (2011); luego, el desarme (2017), y ahora se anuncia su inminente desmovilización (y no su disolución), que se produciría tras el debate interno realizado entre sus miembros. Y ciertamente, no ha sido necesario ninguna concesión política, ningún acuerdo de paz, para lograrlo. Pero, no debemos olvidar que ETA son los actos de terrorismo, y una trayectoria que los reputa y justifica. Por eso, la clave decisiva para superar el ciclo definido por las violencias es la identificación de la injusticia del daño causado por las mismas. En ese sentido, deberíamos preguntarnos en qué medida esta próxima desmovilización va a significar una revisión autocrítica de su ejecutoria histórica.

Lo primero que se desprende de la lectura del documento de debate presentado por la dirección de ETA es que no cabe hablar de disolución porque “no se opta entre Organización o precipicio”. El resultado del debate no conllevaría, por lo tanto, la caída a un escenario de vacío político y organizativo. De hecho, se afirma que “hace mucho ya que el proyecto de la Organización no es solo de ETA”. Al final, según el Foro Social, se optará por la ‘desmovilización’, expresión formulada por la ONU para ayudar a la reconstrucción social tras una guerra interna.

Sin embargo, la fórmula ‘desmovilización’ no refleja la realidad vasca. En primer lugar, Euskal Herria no es Liberia, Sudán, Somalia, Congo, Afganistán o Colombia, lugares donde se ha querido aplicar el modelo naciounidense del DDR. Por fortuna, no tenemos un territorio devastado ni somos una sociedad arruinada por una conflagración militar. La trasposición del modelo DDR al marco vasco solo le beneficia a ETA que, a la búsqueda de un relato legitimatorio de su dilatada trayectoria criminal, se vería así como uno de los contendientes en un escenario de guerra.

A la vista de que ya ‘hace mucho que el proyecto de la Organización no es solo de ETA’, parece claro que el documento que la dirección de ETA ha sometido a debate entre sus militantes implica, más que una acción de desmovilización, un proceso de sucesión patrimonial que recae en una izquierda abertzale a la que se asigna “suficiente madurez y capacidad de lucha”. Ciertamente, no habrá traspaso de armas ni continuidad de la encomienda armada, que han sido inutilizados con la entrega del arsenal a la administración francesa. Pero, ETA transferirá la responsabilidad de ejercer la dirección estratégica y de sostener su relato moral al conjunto de la izquierda abertzale, movimiento político en el que espera que se reenganchen todos sus militantes.

Se dice que esta situación puede confirmarse en los próximos meses. De realizarse así, ETA podría desaparecer de la vida pública sin someter su trayectoria a un criterio social de justicia. De esta guisa, la responsabilidad que le corresponde se transmitiría a la izquierda abertzale, movimiento político del que la organización desmovilizada seguiría siendo referente fundacional, que carga para sí con el siguiente mandato imperativo: “la izquierda abertzale no abjurará de sí misma [y] ETA no renegará de su aportación”.

Todas estas citas corresponden a la ponencia con la que la dirección de ETA ha articulado su recientísima discusión interna, que ha incidido claramente en el discurso de Sortu. La sola mención a la injusticia del daño causado (“Fue injusto”, Día Internacional Víctimas del Terrorismo) ha sido considerada un tabú inaceptable y humillante por Arnaldo Otegi. Desde luego, un camino muy equivocado si realmente se quiere cerrar el ciclo armado.

En todo caso, a la espera de las conclusiones definitivas del debate, podemos anticipar que la pronosticada desmovilización decepcionará si no se aporta nada a la verdad y a la justicia, que entonces serían más gravemente demandadas a la izquierda abertzale, designada por la propia ETA como sucesora universal y guardiana de su patrimonio espiritual.

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