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Violencia y legitimidad (1)

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Joxan Rekondo Pyrenaeus-eko Talaian

El ejercicio de la violencia es una característica del poder estatal, puesta al servicio de una comunidad política. En una comunidad fundada por la libre voluntad de sus ciudadanos, la violencia del poder público tiene legitimidad democrática.

Sin embargo, el ejercicio de la violencia estatal no puede ser una condición estructurante de la vida política, más propia de un régimen de terror de estado que impediría que la política pudiera desarrollarse en un régimen de derechos cívicos y libertades democráticas. A otro nivel, dice Michel Wierviorka: “A partir del momento en que un Estado burla las convenciones internacionales, por interposición de mercenarios, organizaciones heterónomas manipuladas o servicios secretos, estamos tentados de hablar, con respecto a ciertas acciones, de terrorismo”. En efecto, son muchos regímenes que no carecen de una legitimidad sociológica explícita, pero que han recurrido y siguen recurriendo a acciones encubiertas, que mantienen ocultas para los mecanismos de control democrático del estado. Declaraciones de responsables del estado en la época de GAL –como las de Felipe González: “pude volar a la cúpula de ETA… dije no… y no sé si hice lo correcto–  dan buena cuenta de esta visión.

Puede entenderse que la legitimidad democrática es el resultado directo de la pura y simple ‘ley de la mayoría’. Hay medidas que, aun sujetas de forma exquisita a este filtro democrático, han supuesto la restricción de los controles democráticos de la violencia estatal o el quebrantamiento de derechos civiles, y que han sido respaldadas conscientemente por mayorías sociales o políticas. La coartada en la que se explican estas decisiones proviene de situaciones de gran alarma social. El terrorismo es una de ellas.

La ética política puede chocar con el ejercicio de la violencia regulada por decisiones normativas que se consideran ‘legítimas’ según este criterio. Hay una inquietud permanente por el efecto de estas decisiones en la pérdida de valores democráticos. “¿Cómo pueden las democracias recurrir a estos medios sin destruir los valores que defienden? ¿Cómo pueden recurrir al mal menor sin sucumbir al mayor?”, se pregunta con acierto Michael Ignatieff.

Sin embargo, se puede entender la democracia como un proceso de participación popular que busca el logro del bien común general. De esta concepción podría derivarse:

  1. Una prevención sistemática ante el riesgo de que mayorías que se apropian del poder público puedan decidir la amputación de libertades de las minorías;
  2. Una desconfianza también sistemática que limitara la ambición de poder y dominio de minorías fácticas que quieren someter la administración pública a sus dictados;
  3. Y una oposición radical a los que, dando la espalda a la voluntad democrática, recurren a la violencia ilegítima para conseguir el poder político.

En un marco de legitimidad democrática de estas características, la facultad de ejercer la violencia legítima se centra en la defensa de las condiciones de vida, libertad y dignidad de las personas, de cada una de ellas, que conforman la comunidad, y en su utilidad para el mantenimiento de la convivencia social entre todas.

De acuerdo con estas premisas, la pregunta de si es legítimo el recurso a la violencia solo puede responderse atendiendo al origen, a la forma de desplegarse y a las consecuencias que comporta el ejercicio de esa violencia. La violencia, en definitiva, se legitima por su origen democrático, por su manejo justo y proporcionado y porque los efectos de su uso logran la evitación de que las condiciones de la convivencia social se degraden. Todas ellas son, en definitiva, condiciones de legitimidad que se dilucidan en función del beneficio que causan a los miembros de la comunidad política.

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