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Bakerantza

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Joxan Rekondo Pyrenaeus-eko Talaian

Los informes sobre víctimas de la violencia ilegítima, practicada por las ETAs diversas y por diferentes agentes estatales, componen las diferentes capas del mapa vasco de la Memoria, que quiere delinear el Gobierno Vasco. De esta manera, se pretende conformar la más completa representación gráfica del suelo ético sobre el que podemos iniciar con seguridad la rehabilitación de la convivencia.

Es cierto que la cartografía siempre reproduce el relieve del pasado. Llama la atención, sin embargo, que en el argumentario político vasco se mente constantemente al pasado con un retintín peyorativo, como si fuera una carga para las exigencias de la política del presente. No puede ni debe ser así. El pasado está en el presente siempre, y su huella es más visible cuando se ha distinguido por la extensión de una violencia injustificada. Hay mucha gente que, para orientarse en una situación ante la que se le dice que ya no tiene nada que temer, necesita ajustar cuentas con ese pasado de dolor y sufrimiento. Que no viven esta nueva etapa como una oportunidad de realizar sus mejores sueños, sino como una necesidad de verificar el final de sus alarmas. Al reivindicar una ética orientada al futuro, Hans Jonas dice que solemos “consultar antes a nuestros temores que a nuestros deseos”.

Leíamos ayer mismo que Juan María Uriarte, obispo emérito de Donostia, nos advertía contra “la convivencia pacífica [que] puede reducirse a una coexistencia no violenta”. Sin embargo, esta última parece ser el objetivo de EH Bildu. Hay pruebas que apuntan a que ese es el rumbo de la izquierda abertzale que gobierna en Gipuzkoa. En primer lugar, el actual diputado general se ha mostrado literalmente partidario de “dar pasos en la coexistencia”. Y en el documento La hora de la voluntad popular, recién presentado en el Ficoba de Irun, no se habla ni una sola vez de ‘convivir’ o de ‘convivencia’; sí en cambio de ‘confrontación’, idea central de su estrategia. ¿Qué se puede esperar, además, de una formación política que considera que el término ‘suelo ético’ pertenece al ‘lenguaje del adversario’?

Proponer la coexistencia o a la cohabitación es no querer comprometerse con un escenario de integración social auténtica. No podemos quedarnos en el “herri hontan zer berri?, begietako bista ona eta alkar ezin ikusia“ de Pernando Amezketarra. Vivimos en un pequeño país. Aun en esta época en la que los valores comunitarios han venido a debilitarse, en la reducida escala de sociedad en la que nos movemos, es posible aspirar a que las personas se conozcan y ayuden entre sí, que participen conjuntamente en la resolución de los problemas comunes y que compartan la responsabilidad de realizar lo que es bueno para todos. Ese es el significado de la convivencia que debiéramos proyectar. Mas, para que ese comportamiento social pueda realizarse es necesario restituir unas relaciones de confianza mutua que, ahora mismo en muchos barrios y pueblos, siguen dañadas por causa de años de presión coercitiva.

Confiar de nuevo, también en los que han ejercido esa presión contra la tranquilidad y la seguridad de las personas, conlleva la aceptación previa de unas responsabilidades mínimas. Que también pueden ser útiles para disipar los temores y las incertidumbres que todavía empañan la percepción de la posibilidad de un convivir democrático, como los que ocasiona la permanencia de ETA. Son responsabilidades que nos incumben a todos, que nos exigen reconocer que sin adoptar compromisos recíprocos la búsqueda de esa convivencia de calidad se hará imposible. Y son responsabilidades que corresponde asumir particularmente a los que han instado, causado o protegido la realización de los actos concretos que han ocasionado el sufrimiento injusto, responsabilidades exigibles por la ejecución de asesinatos o matanzas, extorsión o persecución y secuestro o tortura.

Esta pasada semana, el Gobierno Vasco ha destacado que la mayoría de la sociedad vasca ya está en la disposición de asumir los compromisos que le corresponden. Aunque ha reconocido también que todavía sigue pendiente la realización de la valoración crítica del pasado por parte de aquellos a los que debería corresponder hacerla. El gobierno se ha comprometido a impulsar procesos de autocrítica de tal manera que “la valoración del pasado deje de ser un factor de división y se transforme en un instrumento estratégico para favorecer puntos de encuentro”. Un objetivo que, si queremos avanzar hacia ese horizonte de convivencia, debe ser irrenunciable.

No obstante, hemos de ser conscientes de las dificultades con que nos vamos a encontrar para lograrlo. Por ejemplo, el documental Bakerantza plantea un contraste de posiciones entre dos antiguos activistas de ETA. A pesar de haber sido producido hace casi cuatro años, es un reflejo casi exacto de las visiones que hoy mismo mantienen el mayoritario EPPK, de autojustificación de un pasado criminal, y el minoritario grupo de Nanclares, que se abre a una autocrítica sincera. No tiene nada que ver, desde luego, el “indudablemente ha merecido la pena” de Juan Carlos Ioldi con el testimonio que expresa Kepa Pikabea, para el que “toda estrategia político-militar es inhumana”.

Vistas las dos posturas, lo único que nos cabe a todos es intensificar el trabajo para que, de los procesos de autocrítica que se reclaman, se concluya una evolución responsable de la izquierda abertzale hacia la actitud que representa Pikabea, que en Bakerantza reconoce que ETA ha cometido “barbaridades contra la dignidad humana”. Pese a su condición minoritaria, la reflexión de Nanclares puede marcar el rumbo de la autocrítica demandada. De suceder así, estaríamos muy cerca de llegar al final del túnel.

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