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Ante la propuesta “De Guindos”: Unidad de acción vasca

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Joxan Rekondo

Antes de aprobar sus presupuestos, las Comunidades Autónomas tendrán que pasar un control previo del Gobierno Central. Estas afirmaciones del ministro De Guindos al diario financiero Financial Times han creado una gran polémica. Al haber sido confirmadas, aunque con una fórmula más refinada, por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, la reacción política que han provocado ha sido dura. Y no es para menos. Lo que está en cuestión es precisamente el principio de autonomía que sustenta el armazón subestatal español.

Se sospechaba que el PP volvía con un afán re-centralizador que cuenta con el aliento constante de sus mentideros. ¿No es acaso Mariano Rajoy un tipo ‘previsible’? Además, la crisis económica (y la demanda europea de disciplina fiscal) es el viento a favor que necesitaba. El gobierno se apoyará en el principio de estabilidad financiera, incluido ya en la Constitución, tras serle demandado a Zapatero por los actuales mandamases europeos.

La aplicación práctica de este principio se realizará por la vía de una ley que establecerá la disciplina fiscal (límites de gasto, deuda y déficit) a la que se someterán todas las administraciones públicas. Para las administraciones de régimen común, dependientes ya de las transferencias del estado, supondrá un grave recorte de su autonomía financiera. Para los territorios de régimen foral, habrá que verlo, pero no cabe desdeñar sus efectos.

La llave de la caja la tiene Madrid. Aunque a algunos vaya a dar más de lo que fiscalmente representan y a otros menos de lo que les toca, el trato a todas las comunidades sin responsabilidades tributarias viene a ser el mismo,  al margen incluso del título nacional o regional en que se funda su autogobierno. Y si el colapso financiero impidiera a una comunidad, a cualquiera de ellas, el cumplimiento de las obligaciones que le corresponden, el senado español (artículo 155 CE) está habilitado para acordar re-estatalizarlas.

Algo de esto advertía el president Mas cuando, hace escasos días, defendía las medidas de austeridad que ha implantado su gobierno como un ‘ajuste duro para evitar la intervención [del gobierno español]’. Aunque a otras comunidades del eje levantino del despilfarro (como Valencia, Castilla-Mancha o Murcia) les tiente la devolución, Cataluña cree  necesario ‘preservar el autogobierno catalán que no es una cuestión económica sino de capacidad de decisión’.

Los recientes planes de los líderes más poderosos de nuestro continente son una fábrica de euroescépticos. Primero, por su falta de acierto. Segundo, porque no logran encarnarse en el espíritu y el marco de la Unión. Además, desde un punto de vista de una pequeña comunidad nacional como Euskadi, aunque se ve que se diluyen las soberanías estatales, inquieta que la ejecución de los nuevos designios europeos se haga de manera vertical, a costa de la capacidad de autogobierno de las entidades subestatales.

Por eso, me ha sorprendido que Izaskun Bilbao, la europarlamentaria vasca, haya valorado positivamente el resultado de la cumbre europea de diciembre. En la ‘receta fiscal común’ apoyada por los 26, Izaskun ve una cesión de soberanía fiscal de los estados (que no discuto) y una mejor oportunidad para que los vascos despleguemos nuestra identidad política y económica. Sin embargo, con el precedente de la constitucionalización de la estabilidad financiera y la taxativa encomienda a los estados de que mantengan una estricta conducta fiscal, ¿podría esperarse del gobierno español una iniciativa diferente a la que ha propuesto el ministro De Guindos? Es decir, ¿no han sido las decisiones de la cumbre el parapeto perfecto para la anunciada centralización del poder fiscal?

Las comunidades de régimen común (sea que la disciplina ‘De Guindos’ se les imponga a pelo o previamente lubricada a través de la mayoría del PP en el Consejo de Política Fiscal) lo tienen crudo  Pero a nosotros (los territorios forales) ¿cómo nos afectará esta nueva operación de jacobinismo financiero?

Hay una batalla pendiente. La vicepresidenta ha anunciado una ley orgánica. Cabe apelar a la adicional primera de la constitución que ampara los derechos históricos para disponer en la misma ley la exclusión de su aplicación en los territorios forales vascos. En éstos (CAV y CFN), lo que procede es acordar un criterio común de estabilidad presupuestaria a través de los principios de coordinación y colaboración con el estado que dispone el Concierto Económico.

Ante el advenimiento del PP al gobierno español, cobra fuerza el propósito de diluir nuestra realidad  de autogobierno. Hoy por hoy, el centro de la gran confrontación política se sitúa en evitarlo. Los esfuerzos de las fuerzas vascas se deben concentrar con carácter preferente en la defensa eficaz de lo que tenemos, sin relegarlo en interés de expectativas futuras poco maduradas. Sin un punto de apoyo sólido, no puede haber un salto hacia adelante.  No es creíble el despliegue de una gran campaña a favor del reconocimiento formal del derecho a decidir si no demostramos capacidad de defender con uñas y dientes lo que ya hemos decidido. Ahí queremos ver el ejemplo práctico de unión vasca, tal y como ha reclamado muy oportunamente Iñigo Urkullu. Estoy seguro de que la unidad de acción ejemplar de todos los diputados y senadores de los 4 territorios forales sí podría lograr evitar el recorte del autogobierno del que hoy disponemos las dos comunidades vascas del sur de los Pirineos.

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