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Reforma fiscal: Los límites del juego político

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Joxan Rekondo

En 2012 habrá un nuevo marco fiscal. El poder del llamado territorio común ha instaurado un nuevo Impuesto sobre el Patrimonio. En lo que respecta a los territorios de régimen especial –las cuatro haciendas forales- ha habido movimientos de reforma tributaria en Gipuzkoa y en Bizkaia.

Hablemos de Euskadi. En primer lugar, de Gipuzkoa. El martes de la semana pasada, Bildu, PSE y Aralar acordaron incrementar por arriba el abanico de tramos del IRPF, reimplantar el Impuesto de Patrimonio y revisar las deducciones del de Sociedades. Este acuerdo es unilateral, ya que se ejecutará al margen de lo que digan o hagan los demás territorios. En segundo lugar, de Bizkaia. El diputado general anunció una iniciativa para consensuar entre los tres territorios históricos la recuperación del tributo sobre el Patrimonio.

Cuando la mayoría de los partidos han asumido el concepto, parece claro que el camino de la reforma fiscal queda expedito. Por mi parte, me atrevo a aventurar que culminará con la implantación de un Impuesto sobre el Patrimonio semejante al aprobado por las Cortes Españolas. Considero probable la ampliación de tramos en el IRPF, aunque veo más difícil que haya modificaciones sustanciales del Impuesto de Sociedades.

Pero, más que esto, me interesa analizar el interés político subyacente a los movimientos de estos últimos días.

Es posible que el PSE haya forzado el acuerdo de Gipuzkoa para reavivar el liderazgo de Patxi López, que se hallaba en terreno de nadie, sin apoyo político suficiente y desprovisto de los instrumentos normativos para abordar la reforma fiscal que pretendía. Con Gipuzkoa forzando el paso habría podido trastocar la mayoría del Órgano de Coordinación Tributaria, garante de la armonización tributaria vasca y dejado el fardo de la ruptura de esta armonización en terreno de las Diputaciones inmovilistas.

No obstante, la inmediata intervención de José Luis Bilbao abre la puerta a un acuerdo entre Diputaciones previo a la intervención de la OCT. Queda claro que Bilbao ha buscado un escenario del que están ausentes los socialistas.

Es cierto que el acuerdo a tres es un acuerdo muy difícil porque, por de pronto, los gobernantes alaveses están más interesados en la fidelidad a la consigna estatal que emitirá su partido (PP) que en la armonización vasca. Pero, de producirse algún tipo de acuerdo podría dejar sin protagonismo al lehendakari, que se quedaría al margen de la gestión de uno de los temas (junto con la paz) a los que más relevancia ha dado en esta segunda mitad de legislatura.

En el fondo de estos movimientos, se produce una disputa política (cara a las elecciones vascas) entre un gobierno con dificultades para gobernar y una oposición con aspiraciones de hacerlo. Habrá que ver como se desenvuelve, en los próximos días, esta iniciativa entre las bambalinas forales.

Hasta aquí se desvelaría que, tras este debate fiscal, habría una legítima confrontación de intereses políticos. Junto a este juego político, se han puesto de manifiesto otros intereses que muestran, a mi modo de entender, el perfil más feo y egoísta que suele aparecer en los debates sobre fiscalidad.

Me refiero a la intervención del señor De Andrés, diputado general de Araba. Decir que el acuerdo fiscal de Gipuzkoa “hará más atractivo a este territorio [Araba] para las empresas” es estimular la evasión fiscal de contribuyentes guipuzcoanos.

El señor De Andrés ha traspasado el límite por el que se distingue una conducta éticamente responsable de la que no lo es. La lealtad institucional exige a las Administraciones tributarias vascas colaborar –de palabra y de obra- para combatir el fraude y la elusión fiscal. Por esto mismo, es una grave irresponsabilidad y un pésimo ejemplo ético que la máxima autoridad de una de ellas incite a quebrantar la normativa fiscal del territorio vecino.

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