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La transparencia según Barcina

Ander Muruzabal (@andermuruzabal) bere blogean

ley-transparenciaSorprende que a la todavía presidenta del Gobierno de Navarra le entren de manera repentina tales urgencias por la transparencia y más a la vista del hermoso curriculo que presenta su carrera política en tales menesteres, desde su asistencia a multireuniones dietísticas hasta su participación en los negocios inmobiliarios VIP de la extinta Cajanavarra o a la no menos curiosa andadura administrativa de su proyecto estrella, ese que los pamploneses han dado en llamar Museo de los Sanzbarcines… pero como de sabios es rectificar lo mismo es que lo ha anotado en su lista de buenos propósitos para el año nuevo.

No parece, en cambio, muy de acuerdo con esta apreciación quien fuera su expresidente que a duras penas consiguió aprobar en el Parlamento navarro, me resisto a llamarlo foral desde que el Tribunal Constitucional legisla por él a instancias de nuestro propio gobierno ¿O desgobierno?, la “primera Ley de Transparencia” vigente en el Estado español, ley a la que ya dedique en su tiempo algún artículo; El ¿Gobierno Abierto de Navarra? Como Juan Palomo… pocos días antes de que la Presidenta ordenara el viaje motociclista que acabó con los restos del quesito, y que ayer mismo apuntaba que Barcina no cree ni ha creído nunca en la Ley de Transparencia. Del resto de las cosas en que cree o deja de creer Barcina será, por el momento, mejor no ocuparse dada la más que posible desolación del panorama.

Pero, quizás, lo más divertido de ese arranque de transparencia que ha sufrido nuestra todavía presidenta es que pretende aplicarlo a quines no les afecta por Ley que son curiosamente los miembros de ese Parlamento que le ha indicado, por activa y por pasiva, el camino de salida del Gobierno navarro, ese camino que se resiste a tomar “por responsabilidad”… se supone que la derivada de de ese magnífico complemento que se autoimpuso (30%) por tal concepto y que sustituyo de forma generosa a la pérdida de poder adquisitivo que le supuso cierta portada del DNN.

No por esperada deja de ser también jocosa la situación que ha creado a sus compañeros de partido al parecer escasamente receptivos a esas moderneces de la transparencia y le han supuesto una amplia contestación incluso entre los más allegados, incluido el otrora fidelísimo Alcalde de Iruña que en los últimos tiempos anda un poco saturado de salir en los papeles, ya sea por protagonismo propio o allegado.

En todo caso no estaría de más recordarle a Barcina, si es que alguna vez lo ha llegado a saber, que el meollo de la transparencia no es la declaración de bienes y patrimonios de cargos y carguetes y la legalidad de su incremento, para eso debiera pintárselas sola la Hacienda Tributaria o en su defecto los Tribunales de Justicia, por mucho que en este país ambas instituciones últimamente suenen al ciudadano de a pie a galaxias lejanas y dimensiones desconocidas. El meollo de la transparencia es el acceso a la información pública, a las adjudicaciones de contratos públicos, a las recalificaciones, a las subvenciones o a las licencias, a sus procedimientos y resoluciones, que es lo que garantiza de facto la imposibilidad de la corrupción, el nepotismo, el cohecho, la prevaricación o el trato de favor.

Ese meollo en el que desde que se aprobó la mentada Ley de Transparencia no se ha dado un paso  desde el Gobierno y que interesa más a los ciudadanos y empresas que la marca de coche del portavoz del grupo parlamentario de la oposición, o al menos debiera cosa que no está muy clara encendiendo la tele de alguna cadena generalista cualquier día más allá del informativo de mediodía.

Esa transparencia en los procesos administrativos que debiera hacerle caer la cara de vergüenza a nuestra todavía transparente presidenta cuando el mismo día que la reclama el Tribunal Supremo de ese país llamado España, del que tanto presume, tira por los suelos un proceso de adjudicación de licencias radiofónicas que lleva en los juzgados desde un ya lejano 98 del siglo pasado por los sucesivos recursos y ditirambos jurídicos que ha ido inventando el propio Gobierno de Navarra para evitar conceder licencia a la única emisora que emite en “Lingua Navarrorum” en la capital del que un día fue reino de Navarra, eso si, con “pólvora del rey”, o lo que es lo mismo con nuestro dinero.

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