Posteado por: aberriberri | enero 28, 2010

A propósito del gasto social sostenible

Ion Gaztañaga

Que el gasto social sea un tema recurrente en los medios de comunicación no debe sorprender a nadie, en estos tiempos de crísis y de recorte de presuspuestos. Sin embargo, el debate sobre su sostenibilidad no suele ser tan habitual en los medios, lo suele ser el de otros sistemas como la seguridad social por la continua alarma sobre su viabilidad, y por ello me pareció fundamental que los diarios del grupo Noticias publicaran hace un par de fines de semana una serie de dos artículos (“El gasto social sostenible (1)” y “El gasto social sostenible (2)”) del economista Patxi Etxeberria.

Para aquellos que no tuvieron oportunidad de leerlo, me gustaría hacer aquí un resumen y comentario, ya que plantea preguntas básicas que desde el punto de vista abertzale, deberíamos poder responder a la hora de configurar el modelo de País que queremos. ¿Por qué se plantea la sostenibilidad del gasto social? El primer artículo de la serie dice así:

“El diputado general de Bizkaia ha iniciado públicamente una reflexión sobre la sostenibilidad del gasto social. El dato de partida es que el 48% (675 millones de euros) del presupuesto de la Diputación vizcaina se destina al Departamento de Acción Social, y que este presupuesto ha crecido el 212% desde 2003, mientras los ingresos solamente lo han hecho en un 39%. Para toda la CAV el desequilibrio es similar con una cifra de gasto social hoy de 1.079 millones, que equivale a 1.000 euros por trabajador, frente a unas inversiones del Gobierno Vasco para el año actual de 1.220 millones. Esta situación, se debe a dos factores: a la demanda social de que se atiendan cada día más necesidades personales, y al aumento del número de solicitantes de las ayudas.

En cuanto a la atención de necesidades, el aumento se ha producido por la mejora de las ayudas a las personas mayores, mejor atención a las personas con discapacidad y, sobre todo, por la lucha contra la exclusión social. En plena expansión económica, del año 2000 a 2005 los perceptores de Renta Básica en la CAV pasaron de 16.550 a 31.654 y hoy son 55.770, junto a los 38.000 que cobran ayudas para el alquiler de vivienda.”

Más allá de las cifras, que plantean un incremento de gastos muy superior al de los ingresos, hay que tener en cuenta también un hceho político muy significativo. Las leyes aprobadas de gasto social, incluída la Ley de la Dependencia, crearon unos derechos sin preocuparse de quién tendría que pagarlos. Así Zapatero aprobó su ley estrella sabiendo que al estar las competencias transferidas, serían las autonomías/diputaciones forales las que pagaran el 82% de la factura frente al 12% del gobierno central o el 6% de los usuarios. El resultado de la ley de Dependencia, con un fracaso estrepitoso que ha llevado al gobierno central a plantear este año su modificación, nos da idea de la facilidad con la que el gasto social entre en campaña para luego salir por la puerta de atrás.

Pero no sólo en el caso del gobierno central, pues el Diputado General vizcaíno también tiene palabras para nuestras instituciones:

“en la CAV se han venido aprobando una serie de medidas legislativas que han generado una serie de derechos ciudadanos que tienen un coste para las administraciones públicas, pero que quienes las aprobaron no se pararon a pensar en cómo las iban a financiar y que quien paga los servicios no fue tenido en cuenta”.

Es decir, legisla el parlamento y pagan las diputaciones, una cuestión que realmente da que pensar en la prudencia y proporcionalidad que se puede lograr cuando el que legisla no tiene que pagar la factura.

Es evidente que ante el aumento del gasto social, caben diversas alternativas no sostenibles, como el aumento de la deuda, y otras que requerirán bastante más esfuerzo. Una alternativa es la limitación o la disminución del gasto social, eliminando ayudas que se consideren ineficientes (por ejemplo si algún tipo de desgravación al alquiler fomenta el alza de los precios, no tendrá mucha eficacia), excesivos o simplemente, inabordables. La alternativa que cita Etxeberria en el segundo artículo de la serie si las instituciones quieren garantizar el actual gasto social sin un incremento brutal de impuestos (que podría traer, además de un cabreo generalizado, un crecimiento económico menor, y por tanto, ingresos insuficientes para sostener el gasto) sería una combinación de tres factores:

  • 1) Crear un marco legal que incentive el trabajo y el riesgo empresarial, y erradicando la cultura de la trampa y del fraude
  • 2) Aumentando las inversiones para potenciar el sistema productivo
  • 3) Siendo un referente social de honestidad y laboriosidad, con unos servicios públicos eficientes y bien dimensionados.

Por no repetir los sólidos argumentos de la serie artículo intentaré aportar alguna aportación respecto de los puntos 1 y 3. El primero, que el marco legal también debe clarificar el nivel competencial, ya que hemos vivido unos años en los que los ayuntamientos, debido a los ingresos provinientes del suelo y la falta de servicios por parte de otras instituciones (guarderías, escuelas, etc.) han proporcionado servicios para los cuales ahora no tienem ingresos. Además, el marco legal debe incentivar la lucha contra el fraude (más del 20% de la economía) y premiar también al emprendedor y al creador de empleo, pero no olvidemos que la economía sumergida no sólo es cosa de “grandes banqueros” si no también de los miles de trabajadores (limpieza, asistencia a enfermos) que combinan el subsidio con un trabajo no declarado a tiempo parcial. También queda el espinoso tema de la organización sindical, la financiación de los mismos y la cuestión de los liberados y su productividad. Temas llenos de prejuicios, pero también de grandes intereses difíciles de obviar.

Sobre el punto 3, la ejemplaridad del sector público, quisiera añadir que más allá del debate sobre el dimensionamiento adecuado del sector público, existe el debate sobre la productividad del mismo (Etxeberria cita, por ejemplo, que el abstentismo es el doble que en el caso privado, pero también sabemos que el absentismo es también mucho más alto en empresas privadas con muchos trabajadores). Valga el ejemplo de una persona nada corporativista como el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, quien afirmaba que la Justicia es “ineficiente” porque los jueces “no trabajan”:

En concreto, Gómez Bermúdez aseguró que de las 24 horas y media semanales de trabajo estipuladas en el despacho, que supondrían seis horas diarias, algunos jueces acaban desempeñando como “horas reales” no más de “tres horas y cuarenta minutos”, ya que “llegan media hora tarde, se van media hora antes” y dedican “dos horas a tomar café”. “No somos eficientes porque no se trabaja”, remachó.

Cabe mirar si también otros mitos son ciertos o son fruto de la imaginación y la incomprensión: ¿Es el horario de los profesores adecuado (los docentes de ESO imparten un máximo de 17 horas de clase)? ¿Las horas de tutoría en las universidades se dedican ciertamente a esa tarea? ¿Es adecuado el número de altos cargos de altos cargos, tanto internos como de designación libre? ¿Es el organigrama demasiado piramidal? ¿Es la subcontratación realmente más eficiente en cuanto a la subcontratación de servicios frente a otras opciones como entidades privadas participadas por las administraciones? ¿Puede la administración provocar una precarización alarmante de los servicios públicos en lugar de mejorar su eficiencia? Alguien podría acusar estas tareas de dimensionamiento del sector público como una caza de brujas, pero sólo una reforma en profundidad de los tres puntos citados por Etxeberria, y eso incluye al sector público, podría hacer que el gasto social pueda ser realmente sostenible. Hace falta un análisis riguroso y realista, porque una economía no será nunca sostenible si un gasto social insostenible.

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Responses

  1. Es cierto que se han ido generando una serie de nuevos derechos ciudadanos relacionados con la garantización del bienestar. En españa y también en Euzkadi, falta también elevar las ayudas a la familia -no me refiero a las manifas de rouco, los kikos y demás acompañados por rajoy- sino facilitar haur eskolas gratuitas y apoyo económico directo por maternidad/paternidad, así como facilidades a trabajadores para reducir la jornada laboral sin perjuicio de la actividad empresarial.
    No son pocos los solteros/as sin hijos con ingresos holgados que ahorran y gastan sin la preocupación económica y de tiempo que exigen los hijos.
    Esas tres medidas que se proponen no creo que impidan que se tengan que subir los impuestos, aunque eso sí, los “contribuyentes-votantes-sujetos de esos y otros derechos” deberíamos ser exigente con las instituciones, sus políticos y funcionarios y gestores, antes de aceptar una subida de impuestos, subida que veo impepinable si queremos vivir como suecos, tendremos que ser eficaces como suecos y pagar más impuestos. ¿Quién va a ser el político valiente (o suicida) que va a llevar esto adelante? Aquí si que tiene todo el sentido la máxima “transversalidad” posible

  2. La primera medida realmente potenciadora del gasto social sostenible sería la de eliminar los puestos de trabajo a perpetuidad. No es de recibo que en una sociedad y un mercado de trabajo en el que lo importante no es el derecho al trabajo sino el valor añadido que produce ese trabajo existan personas que, hagan lo que hagan, o no hagan, su puesto esté asegurado frente a viento y marea.

    Pues no. Ni es justo ni es socialmente solidario que algunos supongan siempre una carga fija al resto de los que trabajamos. Hay que olvidarse para siempre dell “trabajo para toda la vida” porque eso sí que es una carga cada vez mayor para el sistema.

    Un juez debe de tener indicadores de eficiencia en su trabajo exactamente igual que los tiene un directivo de una empresa. Y si no se cumplen los objetivos habrá que tomar medidas y punto.

    El problema para afrontar esta transformación es importante: la administración es la herramienta que usan los políticos en el poder para desarrollar sus programas. Y nadie se atreve a poner de uñas a la herramienta que te va a permitir seguir en el poder …. Por no hablar de la cantidad de funcionarios en excedencia que están en la política.

    Respecto al tema de las subcontrataciones, el hecho es que en la mayoría de los casos resultan más eficientes que si se realizaran por la propia administración (recogida de basuras, realización de obras públicas, etc.). Lo único importante en esto es que los procesos de contratación sean transparentes y de pública competencia. Y, muy importante, que se fiscalicen y se auditen todas y cada una de las contrataciones, existiendo siempre indicadores de seguimiento de los objetivos buscados.

    El problema que tenemos con la administración pública es que no visualizamos quién es el empresario de los funcionarios: somos todos. Y debemos de exigirles resultados como tales, como empresarios que hemos montado unos servicios para todos nosotros. Si no somos capaces de exigir resultados por el dinero que ponemos es que somos muy tontos ….

  3. Hoy sale en todos los periódicos que en 2050 la mitad de la población española estaría en edad de no trabajar (con eso más los estudiantes y el paro, no trabajaría ni cristo). También que al bueno de ZP se le ha ocurrido incrementar la jubilación hasta los 67, cosa que si hubiera dicho cualquier otro le llamarían de todo, pero el autoproclamado co-lider mundial junto con Obama tiene estas cosas.

    También que habrá que computar más de 15 años de vida laboral (es decir, en la práctica, bajar las pensiones), pero es que todo esto es de cajón. La edad de jubilación debe crecer con la esperanza de vida automáticamente cada X años y se debe contabilizar toda la vida laboral porque la trampa de cotizar sólo los últimos 15 años al máximo es lo más insolidario que he visto, cuando gente con 35 años cotizando al máximo pierde un huevo de jubilación porque la empresa ha quebrado cuando el currela tiene 62 años. somo sociales para algunas cosas e insolidarios totales para otras.

    La cuestión del gasto social está muy bien, pero la gente tiene grandes ideas para repartir, pero antes de repartir hay que crear y para eso hay que currelar. No me hagan demagogia, no hablo de mileurismo, precariedad, etc, porque eso, es prejudicial para el consumo (recordemos la medida de Ford de pagar a todos sus empleados un buen salario para que pudieran comprarse un coche), a la vez que genera natalidad baja, etc.

    Hay que cobrar para vivir dignamente, pero dignamente es casa, comida, hijos, y de vez en cuando cena en sociedad con los amigos. No para irse a esquiar, viajes a tutiplen, y coche nuevo. Y hay que CURRAR.

    Respecto al fraude fiscal, qué vamos a decir que esté dicho ya. Los peces gordos sicavs y los peces pequeños hacen chapuzas en B, las limpiadoras del hogar no declaran bien porque no lo quiere la empleadora o bien porque no lo quiere la empleada, en la construcción salario oficial A y el resto en B… Un vistazo a nuestro alrededor y seguro que conocemos muchos casos. Pero creo que ni con esas, aunque el fraude bajara a la mitad (que ya es decir) se arreglaría la cosa si los políticos se ponen “superprogres” y toman medidas sin tener que pagarlas.

    Estoy de acuerdo en aumentar la edad de jubilación, pero estoy esperando a que quiten la gran injusticia de que un parlamentario con cuatro años tenga derecho a la jubilación máxima. La políltica está llena de parasitos que como en las sicav, aunque no suponga el groso del gasto, son una aberración moral, igual que los bonus de los altos ejecutivos.

  4. Menos Guggenheims bis, menos altos cargos que llevan chupando del bote muchos años (Hamaikatimos a mogollón y otros muchos de otros partidos) y menos superpuertos bis ……

    y mas real-politik para que la economía funcione, o la menos funcione mejor….

  5. El guggenheim first ha sido un buen negocio; el bis no lo sé, pero parece que tiene mucho de fomento de la economía comarcal, aunque no esta mal vigilar posibles -seguros- aprobetxategis con karneta.

  6. Insostenible es que a día de hoy haya en Euskadi un porcentaje de perosnas mayores de 65 años que ronda el 30% y que dentro de 10 años, a la vuelta de la esquina, ese porcentaje será del 40% …..

    ¿Cómo vamos a pagar las pensiones de esa gente y el gasto socila que originan?

    Lo más insolidario que existe es la política del avestruz: el no querer saber nada del problema porque, total, a mí y ahora no me afecta.

    Ese sí que es un problema de País al que hay que meterle mano con valentía e imaginación.

  7. Esta claro que para vivir como suecos hay que ser suecos, pero este debe ser nuestro modelo a seguir, hay que mirar del Adur para arriba y no del Ebro para abajo, en fomento de la natalidad, en niveles de economía sumergida y fraude fiscal, fomentar-como ya se ha dicho- valores como la honradez y la laboriosidad, tan propios del Pueblo Vasco. En definitiva estar mas cerca de los países desarrollados de Europa y mas lejos de España. Poniendo un simil televisivo, “el conquistador del fin del mundo” frenta a “gran hermano”.


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